15 oct 2025
Mediante un decreto, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la prohibición total de 35 plaguicidas, desde su fabricación o ingreso al país hasta su uso en territorio mexicano. Estas sustancias representan un alto riesgo para la salud humana, la biodiversidad, los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas.
El Gobierno de México, por medio de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, anunció la restricción total de 35 plaguicidas identificados como altamente nocivos tanto para la salud humana como para los ecosistemas. Esta decisión se sustenta en estudios científicos y evidencia internacional.
La medida marca un hito, ya que es la primera acción de este tipo en más de tres décadas. La última ocurrió en 1991, cuando se restringieron 21 ingredientes activos. Los compuestos incluidos en esta nueva prohibición son conocidos por permanecer en el ambiente durante largos periodos y acumularse en organismos vivos, afectando la biodiversidad y entrando en la cadena alimentaria.
Este decreto forma parte de una estrategia nacional integral orientada a garantizar alimentos sanos, proteger la salud de la población y conservar los recursos naturales. Su diseño ha sido posible gracias al trabajo conjunto con productores agrícolas, expertos científicos y la industria fitosanitaria, atendiendo también las preocupaciones de la sociedad civil sobre el uso inadecuado de agroquímicos.
Con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se instruye a todas las dependencias del gobierno federal a cancelar y evitar la emisión de permisos, registros o autorizaciones relacionados con la fabricación, importación, comercialización, transporte, uso o eliminación de estos 35 plaguicidas en el país.
Además, en coordinación con la comunidad científica y el sector agroindustrial, se impulsará el desarrollo y la adopción de alternativas menos riesgosas, especialmente pensadas para beneficiar a pequeños y medianos productores. El objetivo es equilibrar la necesidad de una producción agrícola eficiente con la urgencia de preservar la salud humana y ambiental.
Este compromiso también reafirma la adhesión de México a tratados internacionales como los Convenios de Estocolmo y Rotterdam, los cuales buscan controlar el uso de sustancias peligrosas a nivel global.
La política de prohibición coloca a México en línea con las tendencias mundiales hacia una agricultura más responsable y sostenible. Con ello, el Estado mexicano reafirma su responsabilidad de eliminar progresivamente los insumos agrícolas que representan un riesgo para el bienestar colectivo y el medio ambiente.
Finalmente, las dependencias involucradas ya trabajan en la evaluación de otras sustancias que podrían ser restringidas en futuras etapas de esta estrategia nacional, siempre con base en evidencia científica y en alineación con los estándares de organismos como la FAO y la OMS.